Cancelar una hipoteca en la notaría cuesta 55 euros. E inscribir el
apunte correspondiente en el Registro de la Propiedad vale 24 euros. Ni
uno más. El Gobierno central ha liquidado vía Real Decreto publicado en
el Boletín Oficial del Estado el debate interpretativo que se había
abierto sobre sobre el coste de este tipo de trámites, después de las
quejas recibidas por parte de las organizaciones de consumidores en el
sentido de que muchos notarios estaban cobrando las cancelaciones por
encima de lo debido. El Ministerio de Justicia ha establecido finalmente
que la tarifa que debe aplicarse sin excepciones es la de "documento
sin cuantía".

Las quejas de asociaciones como la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU) habían comenzado a llegar desde 2007,
cuando se modificó la Ley de Subrogación y Modificación de Hipotecas.
Algunos notarios y registradores interpretaban que podían aplicar
tarifas en función de la cuantía de la cancelación y cobraban por
encima.
Sin embargo, el Colegio Notarial de Valencia lanzó un
circular a partir de 2007 en la que entendía que la tarifa debía ser
como de "no cuantía". Cuando algún notario ha cobrado de más la
Organización de Consumidores y Usuarios se ha dirigido al Colegio para
que el profesional en cuestión devolviese el dinero. "Cualquier
reclamación de un particular se ha estimado y se le ha devuelto el
dinero", explica César Belda, decano de los notarios valencianos.
Belda
explica que la norma "no estaba clara" y había dado lugar a distintas
interpretaciones. "Lo que ha hecho ahora el Gobierno es publicar un real
decreto dejando claramente sentado que las cancelaciones de hipotecas
son un documento sin cuantía y no se puede cobrar de más", añade.
Además, los notarios tampoco podrán facturar el fax de comunicación al
registro, el certificado de cargas o la información registral.
La
misma situación se generaba en el caso de los registradores de la
propiedad. Algunos de ellos aplicaban la cuantía en función del importe
pendiente de la hipoteca antes de la cancelación. El Gobierno central,
en la nueva normativa, deja claro que precisamente por tratarse de una
cancelación, la cuantía del trámite es cero y por tanto los
registradores no pueden fijar una tarifa superior a los 24 euros.
La
OCU alertó el pasado mes de septiembre de que notarios y registradores
estaban cobrando de más tras analizar 83 operaciones. Según sus cálculos
en España se produjeron en 2010 algo más de 372.000 operaciones, por lo
que la cantidad cobrada de forma indebida ha podido ascender a 93
millones de euros.